A fines del mes pasado, la Cámara de Diputados rechazó en su totalidad el proyecto que buscaba modificar la Ley 20.920 o Ley REP, e imponer por cuatro años una moratoria a la importación de plásticos pelletizados y polietileno de alta y baja densidad (boletín 16487) para la fabricación de productos de un solo uso.
La propuesta, originada en moción, se había aprobado en general en septiembre de 2025, pero en dicha ocasión se la derivó nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente por la presentación de indicaciones que se rechazaron en su totalidad. Ahora, en su segunda tramitación en Sala, el proyecto fue rechazado por 75 votos a favor, 71 en contra y 4 abstenciones, al no cumplir con lo exigido por el reglamento que obliga a que los votos favorables superen la suma de los contrarios y las abstenciones.
Si bien la argumentación de este proyecto de ley aludía a la prohibición de resinas recicladas para impulsar el desarrollo del mercado local, la redacción del texto del artículo único dejaba espacio a una interpretación ambigua y de amplio alcance, interpretable como la prohibición de prácticamente todas las resinas plásticas que se importan en Chile para la industria manufacturera -tanto recicladas como vírgenes-, impactando transversalmente a todos los sectores industriales nacionales, no solo envases y embalajes, sino también a la construcción, la minería, la agricultura y la pesca, sólo por mencionar algunos.
Con el fin de evitar estos efectos negativos a nivel nacional, ASIPLA en su rol de referente técnico llevó a cabo una intensa agenda de incidencia y desarrolló, junto a AB Chile, un estudio de impacto económico del potencial reemplazo de los plásticos por otras materialidades en los envases de la canasta básica familiar.
El informe arrojó que la migración desde el plástico a materialidades alternativas produciría un incremento en los costos de producción, que derivaría en un aumento promedio mensual de precios de los productos finales de un 8,1%. Un impacto que golpearía de forma más evidente a los hogares de menores ingresos, donde la proporción del gasto en alimentos y bebidas -respecto del total de la canasta básica- es superior a la de los hogares de mayores ingresos. En promedio, los hogares destinan el 21,2% de su gasto a alimentos y bebidas, mientras que los quintiles I y II, destinan el 28,9% y 27,9%, respectivamente.
Otro argumento relevante que ASIPLA logró transmitir en el acercamiento con actores clave fue el peligro de una moción como esta para la competitividad de la industria plástica y manufacturera nacional, compuesta en su gran mayoría por Pymes, que en los últimos años ya ha debido enfrentar el cierre o traslado a otros países de plantas del rubro por distintas exigencias regulatorias y un importante aumento de costos.
Magdalena Balcells, gerenta general de ASIPLA señalo que “como gremio valoramos que la discusión parlamentaria haya acogido estos temas y haya puesto el acento en avanzar en esfuerzos que impulsen el consumo responsable y disminuyan la contaminación ambiental por residuos, pero sin recurrir a las prohibiciones, así como tampoco generar un estancamiento de la producción”.